TERRITORIO, IDENTIDAD Y CULTURA

MARGARITA BENAVIDES*

El Dominical del diario El Comercio

Ed. 7 de diciembre 2008, p. 11

En el Perú tenemos el gran desafío de construir una sociedad en la que los peruanos de ascendencia indígena tengan igual cabida y reciban el mismo respeto que los de ascendencia europea, africana o asiática.

Los descendientes de la población originaria del Perú, además de los derechos individuales que amparan al cualquier ser humano, tienen derechos colectivos, que los reconocen como pueblos, con una identidad y cultural propias y con derecho a la posesión legal de un territorio común donde poder vivir. Y prosperar. Así lo reconocen el Convenio 169 de la O IT , del cual el Perú es signatario, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de setiembre de 2007. I

¿Por qué son importantes los derechos colectivos para los indígenas? En el contexto del derecho moderno, es un deber del Estado asegurar la continuidad de las poblaciones originarias mediante el respeto de sus derechos. Estas dependen en gran parte de lo que les provee directamente la naturaleza. A diferencia del mundo occidental-industri al donde el ser humano se con cibe separado de la naturaleza y donde esta es vista primor dialmente como fuente del desarrollo material, entre los pueblos indígenas los seres humanos son concebidos como parte del mundo na tural, habitado a su vez por seres con los que establecen relaciones de respeto y gratitud por los bienes que les proveen. Si bien la colonización e intervención de los mercados han modificado en muchos aspectos el medio natural y a las culturas de los pueblos indígenas, elementos impor tantes de estas últimas siguen vigentes; de allí que los pueblos indígenas planteen como una necesidad vitalun terri torio común que les permita reproducirse como pueblo y recrear su cultura.

En el Perú, que constituye una sociedad culturalmente diversa, tenemos el gran desafío de construir una socie dad donde los peruanos de ascendencia indígena tengan igual cabida y respeto que los de ascendencia europea, africana o asiática, así como los que llevan una mezcla de ascendencias culturales y étnicas. Lamentablemente, aún estamos lejos de ello, lo cual se refleja en la desvaloriza ció n de lo originario, que suele merecer un lugar destacado en las estampas folclóricas para promover el turismo, pero no así en las políticas hacia los pueblos indígenas. La poca importancia que el Estado asigna a la educación bilingüe e intercultural y al acceso a modernos servicios de salud que incluyan el respeto por concepciones y conocimien tos de los pueblos indígenas para curar el cuerpo y el alma, es una manifestación más de esta actitud.

La discriminació n histó rica y funcional al proceso de despojo de tierras y recursos usufructuados tradicional mente por los indígenas ha conducido a su situación de pobreza actual. Este despojo y discriminació n continúa en la actualidad, a nombre del crecimiento económico, y se expresa en muchos de los conflictos que existen entre las comunidades indígenas y las industrias extractivas. La eliminación, a partir de la Constitución de 1993, de las condiciones de inalienables e inembargables de las comuni­dades campesinas y nativas, y la serie de decretos legislativos que se dieron en el marco del TLC para facilitar la venta de tierras de las comunidades, y que suscitaron protestas masivas de las comunidades nativas de la selva lideradas por Aidesep en agosto del 2008, son parte de esta estrategia de desarrollo a costa del bienestar de los pueblos indígenas. Lo que defienden las comunida­des indígenas es su derecho a tener acceso a tierras, a recur sos suficientes y a un medio ambiente sano, que les per mita prosperar como pueblos. También defienden el derecho que les ampara en el marco del Convenio 169 de la OIT , a participar en las iniciativas de desarrollo que los afectan, a dar su opinión y a que esta sea tomada en cuenta.

Si el gobierno, en vez de ignorar los conflictos hasta que estallan, abriese.los espacios de consulta, con un espíritu verdaderamente democrático y en forma previa a los com promisos que asume con las empresas, probablemente habría menos conflictos y más bienestar para las comu nidades indígenas.

[*] Instituto del Bien Común