martes, 30 de diciembre de 2008

La medicina ancestral, con reglamento


Las prácticas de curación ancestrales serán incluidas como parte de las políticas de salud intercultural y medicina alternativa del Ministerio del ramo. | FOTO: ALEJANDRO REINOSO / El Telégrafo

FOTO: ALEJANDRO REINOSO / El Telégrafo

Las prácticas de curación ancestrales serán incluidas como parte de las políticas de salud intercultural y medicina alternativa del Ministerio del ramo.

INFÓRMATE +

Sobre la regulación de prácticas de medicina alternativa
En Quito:
Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud
Telf.: (02) 3814400

El Ministerio de Salud busca integrar las prácticas indígenas como alternativas interculturales.

ANTECEDENTES


La Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas se creó el 13 de septiembre de 1999.


En 2003 se estructura dentro del Ministerio de Salud como subproceso de medicina intercultural.
 
El Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto de US$ 1’800.000.



La integración de las prácticas ancestrales en los servicios de salud del Ministerio del ramo, además del fortalecimiento de esta sabiduría, es uno de los propósitos dentro de las políticas públicas enfocadas a la interculturalidad.

Así lo indicó el ministro (e) de Salud, Ernesto Torres, al tiempo que advirtió que dichas normativas servirán para “desenmascarar a los falsos shamanes que se dedican supuestamente a esta actividad”.

De igual forma manifestó el compromiso por parte de esa cartera de Estado para consolidar y reconocer las prácticas, la medicina y los conocimientos ancestrales, así como la creación de una red integral del servicio de salud que involucre a todos quienes practiquen ciencias no reconocidas.

Dentro de los avances en estas políticas, se establece como un derecho de los ecuatorianos el acceso a todo tipo de medicina, “solo así se logrará una transformación total del sector”, indicó Torres.

En este sentido, resaltó el reconocimiento del parto vertical y del adecuado equipamiento del hospital San Luis de Otavalo, así como la asignación de recursos para el sector.

Por otra parte se tiene prevista la creación de la Red de modelos interculturales y científicos y el inicio del proceso de certificación, mismo que servirá para reconocer que estas prácticas son válidas y no son clandestinas ni irregulares, por lo que podrán ser practicadas en cualquier servicio de salud a nivel nacional.

Al respecto, Luis Fernando Calderón, director de Salud Intercultural, indicó que se espera certificar a cerca de mil quinientas parteras e igual número de yachas (taitas curanderos), además de los hierberos, sobadores y todos quienes están involucrados en las prácticas ancestrales.

Calderón indicó que la idea principal radica en “abrir el espacio que democráticamente corresponde y dar salud a todos en un país donde coexisten diversos modelos de sistemas médicos y dar un enfoque pluricultural”.

A su criterio la regularización de quienes practican estos saberes permitirá contar con terapeutas a los que se puede acudir en busca de una cura, “este es un paso histórico en los Andes y América”, subrayó.

Se espera que la Ministra de Salud, Caroline Chang, en un plazo no menor a dos meses, apruebe el borrador de las políticas de salud intercultural y medicina alternativa y complementaria.

De otra parte, Josefina Lema, representante de una comunidad Kichwa de Otavalo, hizo un llamado no solo a las autoridades sino a todas las comunidades indígenas para fortalecer la búsqueda del Sumak Kawsay – Buen Vivir.

Por tal motivo insistió en que lo fundamental es recordar que la práctica de los rituales y ceremonias es necesaria en la vida de las personas, “con esto nosotros agradecemos a la Pacha Mama por lo que nos da cada día. De ella nos alimentamos”.

La representante agregó que el Sumak Kawsay comprende las relaciones armónicas del ser humano con la familia, la comunidad, la naturaleza y los espíritus protectores. Esto permite la salud ambiental, social, emocional y espiritual, “de lo contrario se produciría un estado de morbilidad o pérdida de equilibrio en los seres humanos”.
María Augusta Sandoval
msandoval@telegrafo.com.ec
Reportera Sociedad

Alpacas incrementarán el turismo


La parroquia de González Suárez para incrementar el turismo y sobre todo para realizar un buen manejo de los recursos natural planteó la ubicación de alpacas en los páramos de Mojanda, este plan ya es una realidad pues la semana anterior los comuneros a cargo del proyecto trajeron 26 alpacas de Cuenca y Cotopaxi.

 

Se readecuará centros infantiles de calidad

Dentro del plan de trabajo del Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES), está la readecuación de 33 centros de desarrollo infantil de la provincia, los trabajos se realizarán principalmente en aquellos que pertenecían a Operación Rescate Infantil (ORI), se prevé que la readecuación culmine en marzo del 2009. 

Artesanos sienten Recesión


 
 
30 Artesanos sienten recesión
Otavalo. Para la artesana, Rosa Elena Pineda, esta es una época difícil para los productores, pues las ventas disminuyeron notablemente y lo que más le preocupa es que la materia prima que antes adquirían a crédito, ahora las casas comerciales les piden el dinero contante y sonante, para despachar los pedidos.

Es que antes para confeccionar sacos, chales y bufandas, necesitaban orlón que era proporcionado desde las fábricas o los distribuidores y los otavaleños pagaban con cheques

posfechados hasta 90 días, sin ningún inconveniente, pero en estos momentos les informaron que nada se comprará a crédito, sino al contado.

Esto tomó por sorpresa a los productores, porque al ser mayoristas los centavos por prenda que ganan podían recuperarlos en el tiempo establecido en el cheque para el pago.

Otro problema que se evidencia, según Pineda, es la poca mano de obra, porque a causa del pago del bono ya no quieren trabajar, pues perderían este beneficio que concede el Estado.

Política de retorno
La Secretaría del Migrante propone el retorno voluntario de los ecuatorianos para establecer sus negocios en el país y de hecho más de mil ecuatorianos se acogieron a este plan.

Se conoce que esta cartera de Estado tiende a consolidar los vínculos de las personas migrantes con sus familias, su país y que no salgan de su lugar de origen, para lo que se generan condiciones con el objetivo que se haga posible una vida digna y sostenible.

Pese a estos intentos, Roberto Gualsaquí, quien tiene a su hijo en Italia, dice que él tenía planeado regresar al Ecuador en este año, pero con los rumores de la inestabilidad económica prefiere seguir trabajando con un sueldo seguro y no llegar a aventurarse en el país.

domingo, 28 de diciembre de 2008

La totora da de comer a la gente de San Rafael

Otavalo.

San Rafael de la Laguna, es una parroquia altamente agrícola, pero en este año la Justificar a ambos ladosmanufacturación de la totora elevó el nivel productivo de la localidad, que recibe a visitantes, especialmente el fin de semana.

La explotación de la totora se convirtió en una fuente de ingresos para la mayoría de los habitantes, quienes elaboran un sinnúmero de artículos para exhibirlos en otras ciudades y también en la sala de exposiciones que funciona en el centro parroquial.

La microempresa comunitaria Totora Sisa, agrupa a más de 50 productores, quienes trabajan de manera conjunta y bajo pedido. Esta sociedad funciona hace más de tres años.

Los totoreros también se tecnificaron a través de una serie de capacitaciones, donde aprendieron a fabricar juegos de sala, papel, estanterías y hasta barcas. Así lo informó Juan Aguilar, presidente de Totora Sisa.

Explicó, que existe un proyecto para implementar un puerto desde donde las personas puedan realizar paseos en el lago San Pablo en botes de totora, pero el plan se mantiene a la espera del financiamiento.

Sin embargo, unos artesanos propietarios de pequeñas embarcaciones prestan el servicio en las barcas de totora, a los turistas que se arriesgan a recorrer el lago sin ninguna seguridad

Trabajo

Pese a la asociatividad, existen personas que prefieren trabajar de forma separada, puesto que aseguran que las ganancias son mayores.

Beatriz Tocagón, habitante de San Miguel, señaló que hace nueve años se dedica al tejido de esteras, junto a su familia, quienes tienen su rol definido, pues uno de sus hijos recoge la totora del lago, su hija se encarga del secado y ella la teje, para que luego su esposo las venda en Quito, Ambato, Tulcán y otras ciudades de la sierra.

“A la semana fabricamos un aproximado de 200 esteras de todo tamaño, el precio varía de acuerdo a la medida”, dijo Tocagón.

DATO

La totora es una planta acuática y en las riveras del lago San Pablo se produce a gran escala.

MEXICO: Conmemora EZLN 15 años de su irrupción armada en México. (Fuente: Milenio Diario, DPA).

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que el 1 de enero de 1994 inició un levantamiento armado en el suroriental estado mexicano Chiapas, conmemora los 15 años del hecho manteniendo una relación distante con el Estado y su andar independiente. Los "Caracoles" -municipios autónomos dirigidos por indígenas zapatistas en zonas donde también existen municipios oficiales- son una prueba de que la "lealtad (hacia el EZLN) se mantiene contra todo", dijo a DPA Luis Hernández Navarro, autor de libros sobre la política mexicana, entre los que se encuentra el relacionado con Chiapas, La Guerra y La Paz.

 Los zapatistas, quienes conmemoran el 15 aniversario de su levantamiento con un llamado "Primer festival mundial de la Digna Rabia" desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero, analizarán en ese lapso la nueva situación surgida en el mundo y en la región tras el inicio de la crisis económica. En los 15 años trascurrido el movimiento "no tienen ya el apoyo de 1995 de ciertos sectores intelectuales, pero aún conserva convocatoria entre los jóvenes y los pueblos indios", dijo Hernández a DPA. Conservan sus zonas de influencia en el sureste, aunque han denunciado permanentemente hostigamientos oficiales y una fuerte inversión económica del gobierno para contrarrestarlos.

Por otra parte, comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz decidieron en los últimos años establecer "Caracoles". El zapatismo se niega a un diálogo con el gobierno mexicano desde que rechazó la ley sobre Derechos y Cultura Indígena aprobada en abril de 2001 por el Parlamento y que fue calificada por el líder del EZLN, subcomandante Marcos, de "burla legislativa" .

La ley fue rechazada con el argumento de que modificaba lo acordado por los zapatistas con el gobierno mexicano en febrero de 1996 en los acuerdos de San Andrés, según expresaron en un documento, en el que también anunciaron que se mantendrían en "resistencia y en rebeldía", actitud que hasta el momento no varió. Los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena son un documento, que fue firmado entre el gobierno de México y el EZLN el 16 de febrero de 1996, por el cual el gobierno se comprometió a fijar en la Constitución derechos como la autonomía, asunto que no contempla la ley sancionada en 2001.

Tras la ruptura con el gobierno, el EZLN se lanzó a lo que denominó la "otra campaña", un movimiento que coincidió con las elecciones nacionales para presidente de 2006 a las que se contraponía. Ese movimiento, realizado con fuertes críticas a los políticos, condujo a que fuerzas que lo apoyaban, pero que tenían aspiraciones electorales, se alejaran del movimiento. Durante la "otra campaña", los dirigentes del EZLN estrecharon sus vínculos y acordaron coordinar sus actividades con diversas comunidades del país, así como con otros movimientos de similares características, estrategia que han profundizado en los últimos dos años.

MEXICO: Zapatismo: La guerra la ganó la indiferencia. (Fuente: Elia Baltazar / Excélsior). Hace años que no se hablan. Que se ignoran. Pero entre ellos, la tensión se mantiene. Roto el diálogo y la negociación para la paz desde 2001, a consecuencia de la aprobación de la ley indígena que ignoró los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal libran, cada uno, una batalla de influencia sobre las comunidades indígenas de Chiapas, asentadas en la “zona de conflicto”.

Mientras el EZLN ha estado concentrado en la defensa, organización y operación de sus municipios autónomos, con el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, el gobierno federal ha mantenido la presencia militar y desplegada una política de atención social en la zona de la Selva, particularmente, cuya operación coordina la Secretaría de Desarrollo Social. Cada una de las partes zapatistas y gobierno reclama para sí logros y avances en la condición de vida de los grupos indígenas. Sin embargo, en Chiapas persisten los rezagos que inflamaron el levantamiento armado del primero de enero de 1994. Hay conflictos agrarios, religiosos, políticos, por la defensa y manejo de los recursos naturales, la demanda de servicios básicos y atención a la pobreza. A éstos se suman hoy los problemas por los 12 mil desplazados, los indígenas presos algunos simpatizantes del EZLN o integrantes de otras organizaciones, el despojo de tierras y los desalojos, la violencia por parte de presuntos grupos paramilitares y las divisiones entre comunidades.

Las Juntas de Buen Gobierno (JBG) de los cinco caracoles que integran a los 32 municipios autónomos de bases zapatistas han documentado y denunciado, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), entre otras organizaciones, el acoso y violencia de las que han sido víctimas las comunidades autónomas, ya sea por parte de fuerzas de seguridad, militantes de PRD y PRI, o de grupos como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), al cual acusan de actuar bajo la protección oficial. También han señalado a los gobiernos federal y del estado de operar los recursos públicos de atención social con el propósito de dividir a las bases de apoyo zapatista y promover la confrontación entre éstas.

Las autoridades, por su parte, han denunciado la expulsión de sus comunidades de pobladores que renuncian al zapatismo y acusado a las bases zapatistas de cometer delitos ambientales, en contra del patrimonio histórico en zonas arqueológicas y de agresiones contra otras organizaciones. Hay tantos hilos que cruzan y enredan el conflicto indígena chiapaneco, que el riesgo de violencia sigue vivo. La paz, mientras tanto, es tema en punto muerto, 15 años después de la insurrección del EZLN.

Chiapas, oficialmente, es “zona de conflicto”. El Ejército mantiene posiciones en 118 instalaciones ubicadas en las tres zonas militares (la 31, la 38 y la 39), donde operan aproximadamente 10 mil 500 efectivos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. El despliegue de instalaciones militares ha obligado la compra y expropiación de cuatro mil 443 hectáreas para el Ejército, que mantiene 56 campamentos en comunidades indígenas, según datos de CAPISE.

Esta presencia militar ha sido objeto de denuncia por parte de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En su informe de 2007, presentado en mayo de 2008, el CDHFBC afirma: “En el marco del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, la militarizació n es un fenómeno que de manera permanente ha mantenido presencia en comunidades indígenas, incursionando inclusive en poblados campesinos con el pretexto de operativos contra el narcotráfico; particularmente este Centro de Derechos Humanos documentó incursión militar en comunidades campesinas, intentando vincularlos con grupos armados, e invasión de tierras comunales para instalar campamentos militares”.

Mientras la tensión sigue viva en la zona de conflicto, en la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas la situación, al parecer, se toma con calma. Creada en 1998 en el organigrama de la Secretaría de Gobernación, esta oficina nació para “propiciar el diálogo y la conciliación” y “alcanzar la solución justa, digna y duradera al conflicto armado”, según consta en su página de presentación en internet. Pero en diez años de funciones y al paso de 14 titulares, nunca ha logrado reunirse con la comandancia del EZLN; el último intento de acercamiento ocurrió en 2005. De entonces a la fecha, la CDNCH ha sufrido un progresivo recorte en su presupuesto: de dos mil 86 millones de pesos que recibió en 2004, sus recursos bajaron a 755.8 millones en 2008 para sostener una oficina con 14 empleados, ubicada en la calle Hamburgo, de la colonia Juárez.

Si bien afirma en su página de internet que “mantiene abierta la vía del diálogo con el EZLN, atiende las causas que originaron el conflicto y promueve soluciones condensadas a diversas demandas dentro del Estado de derecho y a través de vías institucionales” , no hay detalles sobre estas tareas y el cumplimiento de las responsabilidades que le encomienda la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Sólo el primer informe de labores de la Segob, que contiene sus acciones hasta agosto de 2007, informa que esta oficina “ha buscado el contacto directo con los dirigentes del EZLN”.

Dice el documento: “Ante la ausencia de diálogo por parte de la dirigencia zapatista, la Secretaría de Gobernación, a través de la CDNCH, buscó una solución sustentada en la satisfacción de los reclamos indígenas, a fin de construir una nueva relación con el Estado mexicano, en donde se promueva la participación de las comunidades indígenas asentadas en la zona de conflicto en su propio desarrollo y bienestar. Para lograr esta nueva relación fue preciso integrar una cultura de pluralidad y tolerancia, sin importar las convicciones ideológicas, religiosas o partidistas de las voces indígenas”.

Para cumplir su cometido, esta dependencia ha realizado 108 recorridos de trabajo por comunidades indígenas, entre el primero de diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007, “con el fin de conocer su situación política, social y económica, y establecer un diálogo directo con los habitantes, las autoridades y los actores vinculados al conflicto zapatista” para “escuchar y atender sus planteamientos” .

Más que una entidad dedicada a la negociación para la paz, la CDNCH se exhibe como una oficina de gestión social, compartiendo créditos de sus acciones con las distintas dependencias del gobierno federal. Informa, por ejemplo, que durante el primer semestre de 2007 llevó a cabo cinco talleres de inducción de promotores de salud; dos eventos con jóvenes emprendedores; parteras capacitadoras en salud materno-infantil y control de tracoma, y de fomento de desarrollo de actividades saludables. Todo en coordinación con IMSS-Oportunidades y “con el objeto de contribuir al desarrollo familiar y comunitario de la población indígena de los 32 municipios con asentamientos zapatistas”.

Cerrado el canal del diálogo con el EZLN y siempre latente la amenaza de violencia, el gobierno federal ha apostado por el gasto social en la zona de conflicto. La primera acción coordinada fue el Programa Cañadas, que operó de 1994 a 2001, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Se puso en marcha con fondos del Banco Mundial y se anunció una inversión de 384 millones de pesos para los seis años siguientes, en beneficio de 382 mil 907 habitantes de las cañadas.

En 2001, al arribar al gobierno del estado el perredista Pablo Salazar, la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) hizo público su rechazo al Programa Cañadas y propuso nuevos criterios para el eventual Plan de Desarrollo Sustentable que por entonces se negociaba con el gobierno federal. La propuesta presentada por la coalición de organizaciones indígenas de la región incluía un demoledor balance del programa zedillista: “En la práctica, el Programa Cañadas respondió a otros objetivos y estrategias, donde lo más importante era esconder un conflicto armado que se generó por la pobreza y la inconformidad de los habitantes de la región”.

Cuando el gobierno de Chiapas anunció la cancelación del Programa Cañadas, alzaron la voz el entonces senador priista Carlos Rojas y el ex funcionario Arturo Warman, padres del programa. Rojas llamó al gobernador “oportunista, ignorante, revanchista, o una combinación de los tres”. A su vez, Warman defendió la presunta “neutralidad política” y el desarrollo social llevado a las comunidades con el programa.

Enterrado el Programa Cañadas, los gobiernos federal y del estado pusieron en marcha el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva, que arrancó en 2001 y se diseñó a partir de “una amplia consulta pública” en cuatro foros que se llevaron a cabo en los municipios de Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas y Palenque.

“A partir de estos foros se trazaron las líneas generales de acción de este programa y el territorio de operación”, explica Luis Mejía, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol. El programa se extendió sobre una superficie de 23 mil 403 kilómetros cuadrados, que representan 30 por ciento del territorio estatal, en donde se asientan mil localidades y 320 mil personas de las etnias tzeltales, tojolabales y tzotziles de nueve municipios de la Selva. Estos son: Altamirano, Ocosingo, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas y Las Margaritas, y parcialmente de La Trinitaria, La Independencia y Chilón.

A este plan de atención se sumó el programa Microrregiones, que puso en marcha la Sedesol en febrero de 2001, al arrancar el sexenio de Vicente Fox. Microrregiones opera en todo el país y su propósito es la atención integral y focalizada de los municipios con más alta marginación. En Chiapas hay 34 microrregiones, donde se aplican de manera coordinada programas sociales y acciones de 14 dependencias federales involucradas en el mejoramiento de la calidad de vida, infraestructura, servicios y proyectos productivos y de empleo de las poblaciones más pobres.

Este esfuerzo, explica Luis Mejía, ha significado la aplicación de 859 millones de pesos entre 2001 y 2008 para la atención de las comunidades de la Selva. “Fueron 578 millones entre 2001 y 2006, que significaron nueve mil obras de infraestructura, salud y educación para beneficio de 320 mil habitantes y en lo que entre 2007 y 2008 se han invertido ya 281 millones de pesos”.

En 2007, año de su lanzamiento, también llegó a Chiapas la estrategia 100 x 100, que se propone atender a los municipios con los menores Índices de Desarrollo Humano (IDH) del país, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En total, según documentos de la Cámara de Diputados, en esta entidad se han ejercido casi seis mil millones de pesos, en los últimos dos años, en obras de infraestructura, salud, educación y carreteras, que provienen de recursos federales. A este presupuesto se agregan los siete mil 500 millones de pesos que aplicó la Sedesol en la entidad, dentro del programa Oportunidades, atiende a 550 mil familias de los 118 municipios de la entidad.

Esos montos para la atención social no han logrado, sin embargo, sacar a muchos chiapanecos del atraso, sobre todo a los indígenas, y el estado se mantiene como uno de los tres más pobres del país, junto con Guerrero y Oaxaca. Las autoridades afirman que estos recursos han atendido a las comunidades chiapanecas, incluso a aquellas localizadas en territorio de influencia zapatista, aunque ninguna autónoma, pues las comunidades de base no aceptan apoyos gubernamentales.

Fue hasta febrero de 2008 que la Sedesol logró que la comunidad de Fracción Polhó, la cual se separó del zapatismo hace dos años, aceptara el apoyo de Oportunidades y la construcción de un jardín de niños, una primaria y un centro comunitario de aprendizaje. Estas obras, que se prevé se inauguren entre febrero y marzo próximo, significaron una inversión de cuatro millones de pesos para beneficio de 300 niños.

Involucrado con los problemas de la región, pues hace ocho años que conoce la zona, “desde el Programa Cañadas”, Luis Mejía aclara que la Sedesol no opera bajo la lógica de la división, sino del consenso. No estamos en el camino de una política de confrontación, sino de invertir para las comunidades, siempre mediante la consulta y atención de sus necesidades, de lo que ellas solicitan. “El gasto social es un tema de justicia y de solidaridad”, afirma.

Sedesol no divide, dice. Contribuye a mejor las condiciones de vida. No sólo a través de los programas específicos de la dependencia, sino mediante la coordinación de los trabajos de cada dependencia, en el seno de los Coplades (Coordinación de Planeación para el Desarrollo), donde funge como secretaría técnica. De lado del EZLN, sus esfuerzos están concentrados en la defensa y funcionamiento de sus 32 municipios autónomos, organizados en torno de las cinco Juntas de Buen Gobierno que operan en igual número de sedes conocidas como Caracoles, una especie de centros regionales de convención que sustituyeron a los Aguascalientes, aquellos espacios de los primeros encuentros con la sociedad civil.

Los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) funcionan al margen de la organización política constitucional y no reconocen la autoridad municipal oficial. Aunque el nacimiento de las JBG y de los Caracoles ocurrió en agosto de 2003, luego de que el subcomandate Marcos dio a a conocer la serie de comunicados que llamó la Treceava Estela, los municipios autónomos comenzaron a operar desde los primeros años del conflicto y desde entonces han resistido ataques y acosos.

Durante el gobierno de Roberto Albores Guillén que entró como sustituto, luego de la renuncia obligada de Julio César Ruiz por la matanza de Acteal ocurrida el 22 de diciembre de 1997—,se lanzó una ofensiva gubernamental contra estos municipios, declarándolos inconstitucionales. Albores mandó apresar a autoridades autónomas por usurpación de poderes y destruyó instalaciones, pero no logró su cometido. Al contrario, los municipios ganaron relevancia y recibieron apoyo de ciudades europeas que se hermanaron con ellos.

Luego vino un intento de remunicipalizació n, en 1998, que propuso la creación de 33 nuevos municipios. Se aprobaron, pero al año ya habían desaparecido.

Desde entonces, los municipios autónomos son símbolo de resistencia y a la fecha funcionan como estructuras paralelas y contrarias a los gobiernos oficiales, de los cuales rechazan todo. Desde 1997, las comunidades zapatistas tienen prohibido aceptar ayuda de los gobiernos o contribuir con éstos. Su principal apoyo proviene de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales del país y el mundo.

La canalización de recursos no ha sido fácil. En 2005 el banco BBVA canceló las cuentas de la asociación Enlace Civil, la organización legalmente constituida para recibir aportaciones que financian proyectos productivos en territorios zapatistas. El banco corrigió y hasta se disculpó, pero las cuentas mudaron a HSBC. Esta institución, sin embargo, hizo lo mismo en 2006, cuando anunció que “por convenir a sus intereses” cancelaba las dos cuentas de Enlace Civil. Hasta donde se sabe, ahora las aportaciones se reciben en el banco Scotiabank.

Para subsistir, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) han instalado empresas cooperativas y modelos de economía solidaria, apoyados por organizaciones civiles. También han creado colectivos de asociación voluntaria para la realización de trabajos y misiones. A pesar de las limitaciones, hasta 2007 en los MAREZ había tres bodegas de abastecimiento para tienditas comunitarias, zapatistas y no zapatistas; cooperativas autónomas de café orgánico, bordados, artesanías; talleres de tecnología en zapatería; el centro de comercio Nuevo Amanecer, el café internet (tienda-cafeterí a-internet- comedor) Cyber-pozol, la cafetería El Paliacate, la editorial Ediciones Autónomas en Rebeldía y un sistema de medios de comunicación autónomo, con estación de radio regional, taller para elaboración de video y en la banda de los 49 metros de onda corta, la transmisión de “Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz oficial del EZLN”.

Las bases zapatistas tampoco tienen permitido asistir a las escuelas oficiales. En algunos casos expulsaron a los maestros y colocaron en su lugar a promotores zapatistas. Hasta 2007 contaban con mil delegados y promotores de educación, 13 centros de capacitaciónsiete de los cuales pertenecen al programa Organización para la Nueva Educación Autónoma Indígena por la Paz y la Humanidad, 200 escuelas comunitarias en resistencia, una con biblioteca; ocho escuelas secundarias, una perteneciente al Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN), y un Centro Cultural de Educación Tecnológica Zapatista.

Junto con la educación, han promovido su propio sistema de salud. Para ello cuentan con 600 promotores; 500 casas de salud comunitarias con botiquines de medicinas básicas de farmacia y de herbolaria; una clínica-hospital con quirófano, consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos, un área de oftalmología y otra de ginecología; laboratorio de herbolaria, farmacia y cuartos de hospitalizació n; dos hospitales, ocho clínicas municipales, una de ellas con consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos y ambulancia; cuatro clínicas municipales que ofrecen consulta gratuita y, cuando hay, medicina también gratuita; laboratorio de herbolaria y casa de alimentos conservados para 300 mujeres yerberas, hueseras y parteras capacitadas.

Estos avances, sin embargo, no han impedido la deserción de comunidades de las bases zapatistas, ya sea por inconformidad o tentados por los apoyos y programas gubernamentales. La “convivencia” paralela de los municipios autónomos y oficiales también ha traído enfrentamientos entre zapatistas y no zapatistas, pero también ha obligado al desarrollo de mecanismos de negociación para la “cohabitación compartida”, como en el Caracol IV con sede en el municipio de Morelia, donde las tensiones se lograron controlar hasta 2004, al menos.

Sin embargo, en la mayoría de los municipios que componen los cinco Caracoles siguen las tensiones, enfrentamientos y disputas por motivos de tierras, manejo de recursos naturales y servicios de luz y agua, sobre todo. El tema de la tenencia de la tierra en Chiapas también es asunto pendiente. De allí que una buena parte de las denuncias de los comunidades zapatistas, documentadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, tienen que ver con despojos, desalojos y ataques de grupos priistas, perredistas y de organizaciones como la OPDDIC.

El origen de los conflictos agrarios es, en algunos casos, anterior al conflicto de 1994, pero en otros se agravó a partir del levantamiento y la ocupación de tierras por parte de las comunidades del EZLN, que rechazaron las reformas al artículo 27 constitucional impulsadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a partir de las cuales proclamó el fin de la reforma agraria, eliminó la obligación del Estado de proveer de tierras a los campesinos y promovió la privatización de los ejidos.

Se calcula que en Chiapas, entre 1994 y 1995 hubo mil 700 ocupaciones de tierras que significaron la toma de 14 mil 800 hectáreas por grupos zapatistas y no zapatistas. El gobierno, por su parte, ha tenido que resarcir en algunos casos a los propietarios privados y a la fecha las autoridades de la Secretaría de Reforma Agraria tienen identificados 13 puntos de alta complejidad, entre ellos Montes Azules, donde se hilvana una historia de desalojos, despojos y confrontaciones entre comunidades y aun autoridades.

Gracias al control de tierras y su rechazo a negociar en el marco de los Acuerdos Agrarios promovidos por las autoridades, el EZLN pudo detener durante un tiempo la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales-Comunales (Procede), mediante el cual se titulan los derechos ejidales a individuos para la privatización de los terrenos. Sin embargo, este procedimiento sigue en marcha y a la fecha ya abarca tres millones y medio de hectáreas, de un total de cuatro millones 350 mil que hay en el estado.

Pero los problemas en Chiapas también surgen por la dotación y cobro de servicios como la luz, el uso de recursos como el agua, la explotación de bosques de maderas preciosas y el manejo de zonas de reserva como Montes Azules y El Huitepec. Ahora, además, aparecen barruntos en la zona donde se proyecta la construcción de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque y por la posible exploración de petróleo en la zona de la Selva. emás, están pendientes de solución el tema de los desplazados, los cientos de denuncias por violaciones a derechos humanos, detenenciones arbitrarias de indígenas y campesinos, sobre todo simpatizantes del EZLN, agresiones a sus comunidades y los 35 presos de las organizaciones La Voz del Amate y La Voz del Llano.

Más hilos que enredan el conflicto y ahogan las oportunidades para la paz definitiva en Chiapas. 

Indígenas en Guatemala "condenan" a 20 pandilleros a trabajos forzados

Guatemala, EFE

Los pobladores de un municipio indígena del noroeste de Guatemala, cansados de los crímenes cometidos en ese lugar por los pandilleros juveniles, tomaron la justicia por mano propia y condenaron a 20 de éstos a "trabajos forzados".

"No pretendemos matarlos, pero sí hacerlos entrar en razón para que no sigan perjudicando a las personas honradas", declaró hoy a medios locales José Pérez Chen, alcalde de San Juan Cotzal, un pueblo ubicado a unos 210 kilómetros al noroeste del país.

Pérez Chen preside la Junta Local de Seguridad de esa población, la cual se encarga de brindar seguridad en ese lugar, en donde la comisaria de la Policía Nacional Civil (PNC) apenas cuenta con tres agentes.

Los integrantes de esa junta capturaron ayer a 20 jóvenes miembros de las temidas "Mara 18" y "Mara Salvatrucha", a las que se le atribuye el incremento de los hechos de violencia en los últimos dos años en San Juan Cotzal y sus alrededores.

Tras ser detenidos, los pandilleros fueron llevados a la plaza del pueblo, en donde, frente a cientos de pobladores, confesaron sus múltiples crímenes, pidieron "perdón" por el daño causado y delataron a sus cómplices.

"No sabemos si el crimen organizado está detrás de ellos, pero la población decidió tomar las riendas del problema y no permitir más desmanes", precisó Pérez Chen.

Los pandilleros admitieron haber participado en crímenes que van desde asaltos, extorsiones y amenazas, hasta violaciones y asesinatos.

Luego de escuchar a los acusados, y tras deliberar durante varios minutos, los pobladores, en base al derecho consuetudinario indígena, condenaron a los pandilleros a 18 días de "trabajos forzados".

Durante ese tiempo, los detenidos, que permanecerán en la vieja cárcel del pueblo bajo supervisión de la Junta Local de Seguridad, deberán cargar, cada uno, unas cien libras (45,4 kilos) de piedra en trayectos de 50 metros.

La ausencia de fuerzas de seguridad y de los tribunales en las comunidades más alejadas del país ha llevado a los pobladores a tomar la justicia por sus propias manos.

En casos afortunados como este, los vecinos deliberan y acuerdan sentencian de "carácter moral" en contra de los supuestos delincuentes, pero en los más desafortunados, los pobladores optan por linchar a los acusados.

Pérez Chen espera que el próximo año el presidente Álvaro Colom cumpla con la promesa que les hizo meses atrás, de instalar en esa población un destacamento militar, confiado en que la presencia del Ejército disuadirá a los delincuentes.

Sara Huarmy se mostró en Irán

 
 
VIAJE. La delegación ecuatoriana es la primera vez que viaja para el intercambio de experiencias.

Ibarra. 

18 artesanos ecuatorianos viajaron a Irán, con el fin de mostrar la producción local. Imbabura estuvo representada por Rosa Carlosama y Luz Victoria Flores, presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Bordadoras Sara Huarmy.

Hace un mes, la organización envió un paquete de prendas bordadas hacia Irán para que sean calificadas para el evento internacional.

Las artesanas participaron en la Primera Feria de Acercamiento, Intercambio y Complementariedad del Alba e Irán, que se concretó a través de la embajada de Venezuela y el Ministerio de Industria y Competitividad (MIC) 

Se expusieron una variedad de bordados en tela de algodón y lienzo, con el objetivo de entablar contactos, para la comercialización directa y el intercambio de los artículos.

Rosa Carlosama, presidenta de la Asociación, dijo que presentaron las líneas de mantelería, prendas bordadas a mano y detalles para el hogar.

El intercambio de contactos se hizo con Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela e Irán.

Dijo que en el encuentro salió a flote la identidad de los pueblos indígenas de cada país y las tradiciones impregnadas en artículos que son la fuente de ingresos para varias familias.

La delegación viajó el 11 de diciembre y retornó doce días después. La visita se complementó con un proceso de socialización en lo que consiste el Alba.

Según la presidenta, se conoció la cultura y se comparó con la latinoamericana y específicamente la del Ecuador. “El elemento más parecido con el pueblo de Irán fue la lengua, pues algunos términos del Kichwa son similares al de ese país”, dijo.

La red de mujeres

Sara Huarmy es una organización integrada por 30 mujeres indígenas y mestizas que se unieron para hacerle frente a la crisis económica.

Son provenientes del sector de Zuleta, La Esperanza, Ibarra y Angochagua. La idea es que cada integrante conforme su microempresa y de más trabajo a otras mujeres que se encuentran en situación de desempleo.

Artesanías de Imbabura
Los participantes

Los artesanos participaron con trabajos en cerámica, paja toquilla, tagua y bordados.

El Alba está integrada por países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Ecuador.

sábado, 27 de diciembre de 2008

Brasil estudia crear reserva indígena en frontera con Colombia y


Cargado originalmente por Tatiana Cardeal
La estatal brasileña Fundación Nacional del Indio (Funai) está estudiando la posibilidad de crear una reserva indígena en el territorio del país que forma parte de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela.

EFE
Río de Janeiro

La estatal brasileña Fundación Nacional del Indio (Funai) está estudiando la posibilidad de crear una reserva indígena en el territorio del país que forma parte de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, informó este sábado, el diario Folha de Sao Paulo.

La proyectada reserva Cué-Cué/Marabitanas, en medio de la Amazonía y en jurisdicción del municipio brasileño de San Gabriel da Cachoeira, crearía un área de cerca de 8.086 kilómetros cuadrados para una población de apenas 1.202 indios de las etnias baré y baniwa, tucano y piratupuia.

La delimitación de esa nueva reserva, según Folha de Sao Paulo, puede generar una intensa polémica en el país debido a que convertiría en áreas indígenas prácticamente todo el territorio brasileño en las fronteras con Colombia, Venezuela y Guayana.

Brasil ya es palco de una intensa polémica por la creación de la reserva Raposa Serra do Sol, en la triple frontera con Venezuela y Guayana, debido a que su ejecución exige la expulsión de decenas de importantes productores de arroz con gran influencia política y económica en el estado de Roraima.

La Raposa Serra do Sol, que ya fue delimitada y sancionada por el Gobierno, ocupa 1,7 millones de hectáreas, que equivalen al 7,7 por ciento del territorio de Roraima, y está habitada por 18.000 indios de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona.

Su creación, sin embargo, está en manos del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, debido a los recursos presentados por los hacendados y por legisladores y autoridades de Roraima.

La mayoría de los magistrados ya se manifestó en favor de que la tierra sea destinada exclusivamente a los indios aunque han aclarado que el Ejército tiene que tener derecho a montar bases en la reserva para poder garantizar la seguridad de las fronteras.

Por ese mismo motivo, el proyecto de la Funai para crear la nueva reserva en la triple frontera con Venezuela y Colombia ya ha generado críticas entre sectores militares.


"Es sospechoso ese cierre de la frontera. Tenemos que tener cuidado con la 'balcanización' de la Amazonía y con la presencia de organizaciones no gubernamentales interesadas en explorar las riquezas de la tierra", afirmó el presidente del Club Militar, general de la reserva Gilberto Barbosa de Figueiredo, en declaraciones a Folha de Sao Paulo.

Los militares brasileños han manifestado en diversas oportunidades su temor de que los indios que viven en las reservas en la frontera, incentivadas por intereses extranjeros, algún día puedan reivindicar su independencia de Brasil.

La Funai, por su parte, alega que la creación de reservas en ningún momento veta la presencia del Ejército en esas áreas.

"Los últimos casos, incluso el de Raposa Serra do Sol, reafirman la legitimidad de la presencia del Ejército y de otras fuerzas en las reservas. No hay cualquier restricción a la presencia militar y las propias bases militares tienen soldados indios", según el antropólogo Paulo Santilli, coordinador general de Identificación y Delimitación de reservas de la Funai.

Brasil estudia crear reserva indígena en frontera con Colombia y Venezuela

La estatal brasileña Fundación Nacional del Indio (Funai) está estudiando la posibilidad de crear una reserva indígena en el territorio del país que forma parte de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela.

EFE Río de Janeiro

 

La estatal brasileña Fundación Nacional del Indio (Funai) está estudiando la posibilidad de crear una reserva indígena en el territorio del país que forma parte de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, informó este sábado, el diario Folha de Sao Paulo. La proyectada reserva Cué-Cué/Marabitanas, en medio de la Amazonía y en jurisdicción del municipio brasileño de San Gabriel da Cachoeira, crearía un área de cerca de 8.086 kilómetros cuadrados para una población de apenas 1.202 indios de las etnias baré y baniwa, tucano y piratupuia. La delimitación de esa nueva reserva, según Folha de Sao Paulo, puede generar una intensa polémica en el país debido a que convertiría en áreas indígenas prácticamente todo el territorio brasileño en las fronteras con Colombia, Venezuela y Guayana. Brasil ya es palco de una intensa polémica por la creación de la reserva Raposa Serra do Sol, en la triple frontera con Venezuela y Guayana, debido a que su ejecución exige la expulsión de decenas de importantes productores de arroz con gran influencia política y económica en el estado de Roraima. La Raposa Serra do Sol, que ya fue delimitada y sancionada por el Gobierno, ocupa 1,7 millones de hectáreas, que equivalen al 7,7 por ciento del territorio de Roraima, y está habitada por 18.000 indios de las etnias Macuxí, Taurepang, Wapixana, Ingarikó y Patamona. Su creación, sin embargo, está en manos del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, debido a los recursos presentados por los hacendados y por legisladores y autoridades de Roraima. La mayoría de los magistrados ya se manifestó en favor de que la tierra sea destinada exclusivamente a los indios aunque han aclarado que el Ejército tiene que tener derecho a montar bases en la reserva para poder garantizar la seguridad de las fronteras. Por ese mismo motivo, el proyecto de la Funai para crear la nueva reserva en la triple frontera con Venezuela y Colombia ya ha generado críticas entre sectores militares.

"Es sospechoso ese cierre de la frontera. Tenemos que tener cuidado con la 'balcanización' de la Amazonía y con la presencia de organizaciones no gubernamentales interesadas en explorar las riquezas de la tierra", afirmó el presidente del Club Militar, general de la reserva Gilberto Barbosa de Figueiredo, en declaraciones a Folha de Sao Paulo. Los militares brasileños han manifestado en diversas oportunidades su temor de que los indios que viven en las reservas en la frontera, incentivadas por intereses extranjeros, algún día puedan reivindicar su independencia de Brasil. La Funai, por su parte, alega que la creación de reservas en ningún momento veta la presencia del Ejército en esas áreas. "Los últimos casos, incluso el de Raposa Serra do Sol, reafirman la legitimidad de la presencia del Ejército y de otras fuerzas en las reservas. No hay cualquier restricción a la presencia militar y las propias bases militares tienen soldados indios", según el antropólogo Paulo Santilli, coordinador general de Identificación y Delimitación de reservas de la Funai.