Según los indígenas, la propuesta oficial beneficiará sólo a las grandes empresas extranjeras y podría dañar el entorno ecológico.
Miembros de la Conaie realizarán reuniones regionales para fortalecer sus bases y delinear acciones por tomar en contra el proyecto de Ley de Minería, que está listo para segundo debate en la Comisión de Legislación.
Según los indígenas, la propuesta oficial beneficiará sólo a las grandes empresas extranjeras y podría dañar el entorno ecológico, por lo que exigen que dicha propuesta sea reelaborada tomando en cuenta las observaciones y necesidades de los pueblos originarios.
Marlon Santi, máximo directivo de la organización indígena, exige la presencia de las autoridades centrales del Ejecutivo y de la Comisión Legislativa para llegar a una solución de la problemática minera en el país y hace un llamado para que se archive este proyecto.
Mientras que el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, calificó como un acto lamentable y repudiable el secuestro del capitán y doctor Eduardo Castillo, quien fue tomado como prisionero, el pasado 5 de enero, por los manifestantes de Molleturo, en la provincia del Azuay, en un operativo policial que buscaba detener el bloqueo de carreteras, donde también quemaron una ambulancia.
Agregó que se condenara de manera frontal cuando se tome como rehén a una persona. “Los secuestradores del capitán cometieron un crimen y deberán responder a la justicia. Vamos a rescatar al capitán, someter a la justicia a los responsables y no vamos a negociar con nadie, salvo para que se entreguen a las autoridades”, acotó.
En medio de esta situación, la Comisión Legislativa informó que sí se debatió en primera instancia la propuesta de ley con sectores sociales. El presidente del órgano, Fernando Cordero, ante las presiones incorporó los criterios de los sectores sociales e incluyó en la ley ciertos correctivos que benefician a los pequeños mineros.
La ley establece un estrecho control ambiental a las empresas mineras por parte del Estado, la entrega de concesiones mediante un sistema de subasta pública, el pago, a través del denominado paquete fiscal de al menos el 50% de las ganancias generadas por la explotación de los minerales, entre otras normas.
En tanto, los pequeños mineros de Portovelo y Zaruma marcharon hacia las instalaciones del Palacio Legislativo para exigir garantías para la pequeña minería, aunque expresaron que los tranquilizó algunas de las reformas introducidas para el segundo debate, que priorizan al pequeño minero. Para las 17:00 estaba previsto que la presidenta de la Subcomisión de Desarrollo Económico, Irina Cabezas, los recibiera.
Por ello, el próximo jueves los vocales de esta subcomisión deben entregar el informe para el segundo y definitivo debate de la Ley de Minería, entre cuyos cambios consta que sea tramitada como ordinaria, dejando así que la Ley de Aguas entre como ley orgánica para que esté por encima de la de Minería, en concordancia con uno de los reclamos del sector indígena.
Sin embargo, las protestas en las provincias del Azuay y Zamora Chinchipe continúan en contra de esta normativa que facultará la explotación a gran escala.
Marlon Santi, máximo directivo de la organización indígena, exige la presencia de las autoridades centrales del Ejecutivo y de la Comisión Legislativa para llegar a una solución de la problemática minera en el país y hace un llamado para que se archive este proyecto.
Mientras que el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, calificó como un acto lamentable y repudiable el secuestro del capitán y doctor Eduardo Castillo, quien fue tomado como prisionero, el pasado 5 de enero, por los manifestantes de Molleturo, en la provincia del Azuay, en un operativo policial que buscaba detener el bloqueo de carreteras, donde también quemaron una ambulancia.
Agregó que se condenara de manera frontal cuando se tome como rehén a una persona. “Los secuestradores del capitán cometieron un crimen y deberán responder a la justicia. Vamos a rescatar al capitán, someter a la justicia a los responsables y no vamos a negociar con nadie, salvo para que se entreguen a las autoridades”, acotó.
En medio de esta situación, la Comisión Legislativa informó que sí se debatió en primera instancia la propuesta de ley con sectores sociales. El presidente del órgano, Fernando Cordero, ante las presiones incorporó los criterios de los sectores sociales e incluyó en la ley ciertos correctivos que benefician a los pequeños mineros.
La ley establece un estrecho control ambiental a las empresas mineras por parte del Estado, la entrega de concesiones mediante un sistema de subasta pública, el pago, a través del denominado paquete fiscal de al menos el 50% de las ganancias generadas por la explotación de los minerales, entre otras normas.
En tanto, los pequeños mineros de Portovelo y Zaruma marcharon hacia las instalaciones del Palacio Legislativo para exigir garantías para la pequeña minería, aunque expresaron que los tranquilizó algunas de las reformas introducidas para el segundo debate, que priorizan al pequeño minero. Para las 17:00 estaba previsto que la presidenta de la Subcomisión de Desarrollo Económico, Irina Cabezas, los recibiera.
Por ello, el próximo jueves los vocales de esta subcomisión deben entregar el informe para el segundo y definitivo debate de la Ley de Minería, entre cuyos cambios consta que sea tramitada como ordinaria, dejando así que la Ley de Aguas entre como ley orgánica para que esté por encima de la de Minería, en concordancia con uno de los reclamos del sector indígena.
Sin embargo, las protestas en las provincias del Azuay y Zamora Chinchipe continúan en contra de esta normativa que facultará la explotación a gran escala.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Deja tu huella opina sobre el articulo