Anuncios presidenciales para una política indígena: Convenio 169 de la OIT y reconocimiento constitucional ¿demanda indígena o negocio presidencial?
Sergio Caniuqueo Huircapan. Historiador
Rodrigo Levil Chicahual, Sociólogo.
Hace unas semanas se aprobó el convenio 169 de la OIT, el hecho pasó sin pena ni gloria, no hubo organizaciones indígenas celebrando, es más, los consejeros de la CONADI llamaron a la cautela. La sala en el congreso estaba vacía en el momento de aprobación. Hoy, el gobierno plantea la aprobación del reconocimiento constitucional de la misma manera, a puertas cerradas y sin participación indígena.
Para el caso del convenio 169 de la OIT, se intentó agregar por parte del gobierno -pues el congreso la aprobó en su integridad- una declaración interpretativa, que, lo más probable, la OIT no admitira. Sin embargo, el tema que nos convoca no es la discusión leguleya, sino las implicancias políticas a partir de las lecturas sobre los posibles escenarios.
Partimos de una lectura perversa de los hechos, en el sentido de los dividendos políticos que pueden sacar los diversos sectores y lo secreto que han sido los procedimientos para la aprobación de ambos recursos legales. Llama la atención la poca información que se le ha dado a las naciones originarias o a la población chilena sobre lo que persiguen estos cuerpos legales. No se ha dicho que estas legislaciones dotan de herramientas que permiten el mejor desarrollo económico y social de los indígenas; refuerzan los procesos democráticos a partir de la participación activa e informada en las estructuras políticas; permiten corregir las injusticias sociales de la que han sido víctimas las naciones originarias al haber sido privadas de sus recursos económicos y al haber estado sometidas a prácticas racistas y etnocidas, llevadas a cabo por instituciones de orden público, educativas, religiosas, gremios agrícolas y población en general. En el fondo se apunta al derecho a autodeterminació n, que no es algo complicado de entender, y que se sintetiza en la manera en la cual los pueblos, de forma informada, deciden su futuro.
En segundo lugar, la verdadera victoria, para las naciones originarias, se encuentra en los procesos de implementació n de esta legislación, no el ratificación. De no participar de manera activa en ésta, sería una derrota. En estos momentos, el Convenio 169 debe cumplir el último trámite, que corresponde a la ratificación por el ejecutivo frente la OIT. En estas circunstancias el petitorio por parte del Movimiento Mapuche debería ser uno: que el gobierno desista de la declaración interpretativa, pues en los actuales anuncio esto no queda claro, que se empeña en incorporar, porque esta no es conducente y nos lleva a desconfiar de la clase política gobernante.
En tercer lugar, debemos exigir que los procesos de implementació n de las políticas relacionadas con las naciones originarias a la luz del Convenio 169 y otros cuerpos legales como la declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, se realicen de manera participativa, y sean definidas por los propios pueblos afectados, a partir de comisiones políticas y técnicas que sirvan de contraparte al Estado.
Por otro lado, se requiere potenciar los instrumentos jurídicos, como el Convenio 169 y, eventualmente el Reconocimiento Constitucional (si es que no es hecho a la chilena), principalmente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como con otros mecanismos que reconozcan nuestros derechos de pueblo. Es necesario exprimir los aspectos positivos de estos instrumentos considerando que no por el hecho de constituirse en ley, serán respetados y la situación de los pueblos indígenas mejorará. Es necesario conocer, difundir y exigir el respeto por nuestros derechos y tener presente que si bien en la Declaración Universal existe un avance sustantivo en el reconocimiento del derecho a la libredeterminació n, la última palabra en estas materias tampoco está impresa en los cuerpos legales.
Los peligros que se vislumbran en el proceso se encuentran en la discusión técnica, en la cual se pueda dejar de lado a las organizaciones indígenas, peor si esto se hace con agentes externos como las empresas consultoras, o consultores que a veces no son más que mercenarios. Esto no significa que no exista contraparte frente a las instituciones estatales, que deben modificar la legislación sectorial, todo lo contrario las organizaciones deben proponer equipos técnicos de su confianza, que lleven un tiempo trabajando y en donde exista la confianza política, fuera de la participación que por derecho les corresponde. Pensemos que esta legislación debe establecer nuevos estándares a nivel internacional, pero rescatando las potencialidades de los pueblos originarios bajo un desarrollo integral, sobre todo con el componente ético espiritual que ha caracterizado a los pueblos originarios.
El peligro de las empresas consultoras, o consultores, externas puede llevar a la intromisión de partidos políticos y otras instituciones, a partir de organismos técnicos, más preocupados en la rentabilidad que en el proceso social, o más interesados en su percepción política e ideológica que en los anhelos de los pueblos originarios. Estos peligros ya se han vistos en la evaluación que han hecho las comunidades, tanto para el programa ORÍGENES como en la CONADI.
Por otro lado, en términos de dividendos políticos, uno se preguntará qué ganará la derecha aprobando una legislación indígena, pues a la derecha jamás le ha interesado enfatizar la realidad indígena. Basta ver las publicaciones de Libertad y Desarrollo, en la cual hay una preocupación por deslegitimar los derechos de los pueblos originarios, cayendo en propuestas basadas solo en generalidades. La derecha carece de una propuesta técnica hacia el tema, ni siquiera lo aborda desde el punto de vista agrícola, y solo sabe explicitar sus temores frente a ciertos derechos. Es posible que la derecha piense que la concertación ha abierto un frente sobre el cual podrían basar sus críticas, sabiendo sus relativamente escasas posibilidades de ser gobierno. Pero aun siendo gobierno, la derecha siente que el tema puede ser manejado con criminalizació n y represión, aparte del paternalismo asimilacionista hacia las comunidades indígenas. O sea, es la lógica de paternalismo, que solo necesita plata para solucionar el tema; hacer caminos, sedes, canchas, por nombrar algunas; así como programas de empleos mínimo para los indígenas, como en dictadura.
Qué dividendos obtiene la concertación. En lo inmediato limpia, medianamente, su imagen frente al escenario internacional; en tanto que internamente distrae buena parte de los esfuerzos del movimiento indígena en la instalación de temas relacionados con la implementació n de políticas indígenas y los derechos de las naciones originarias. Al ser gobierno, la concertación tiene la posibilidad de intervenir en la implementació n de las políticas derivadas del Convenio 169 OIT y poseer un control de las instituciones públicas. Pero también a través de la licitación a consultoras u otros equipos técnicos externos, que generalmente pertenecen a militantes de los partidos de la concertación o mantienen fuertes vínculos con estos. De esa manera puede poseer un control del movimiento indígena y de los procesos técnicos, fuera de comprometer a los indígenas en una nueva oferta política a partir de un nuevo compromiso presidencial como lo fue Imperial el ‘89. En caso de no ser gobierno después del 2010, contaría con un frente para hacer política y canalizar recursos.
Desde nuestra perspectiva pareciera ser que los indígenas volvemos a ser moneda de cambio para dos bloques que mantienen un monopolio en el poder. Pues ningún parlamentario, sobre todo en este gobierno, se ha acercado para trabajar el tema desde una perspectiva técnica y política con las organizaciones indígenas. Se han tenido solo reuniones informativas, algunos apoyos frente a casos emblemáticos y consultoría a algunos "especialistas” .
Por ello es que como pueblo es necesario avanzar en una unificación nacional mapuche, en la cual fijemos una estructura política que sea contraparte al Estado, seleccionar un equipo político y técnico capaz de negociar la implementació n y generar un proceso de movilización basado en la participación activa de las bases para la generación de propuestas frente al Estado, con un presupuesto acorde y con observadores que velen por la transparencia del proceso. Es por eso que hoy más que nunca no debemos restarnos de los procesos y dejar que esta responsabilidad sólo se mantenga en el Estado, debemos intervenir de manera garantizada, pues se juegan nuestros derechos y nuestras posibilidades de desarrollo.
Rogamos a las organizaciones mapuche que como acto de consecuencia no celebren actos públicos con los representantes del gobierno, no caigamos en el yanaconaje; hasta que la presidenta ratifique el convenio y se desarrolle un verdadero proceso participativo de las naciones originarias, tratemos de mantener la dignidad que heredamos de nuestros mayores.
